Escrito por: Irene Lanzaco, Directora General de la Asociación de Medios de Información (AMI)
La relación entre los medios y las plataformas tecnológicas entró en una nueva fase tras 2025, cuando los tribunales y las autoridades europeas empezaron a poner límites concretos al poder de los gigantes digitales en el mercado informativo y publicitario. La sentencia de AMI contra Meta en España y las decisiones de la Comisión Europea sobre Google muestran que el debate ya no es solo tecnológico o económico, sino profundamente democrático.
Plataformas, medios y reglas del juego democrático
Durante más de una década, buscadores y redes sociales concentraron audiencia, datos y publicidad, dejando a los medios en una posición de dependencia estructural. Esta asimetría permitió modelos de negocio basados en el uso intensivo de datos personales y en posiciones dominantes en la publicidad online que debilitaban los ingresos de la prensa y, con ello, su capacidad de sostener un periodismo independiente.
Cuando la sostenibilidad de los medios se erosiona, se resiente una pieza clave de la democracia: el acceso de la ciudadanía a información contrastada, plural y producida bajo estándares profesionales. La discusión sobre plataformas y medios deja así de ser un conflicto sectorial para convertirse en un asunto de derechos fundamentales, como reconoce explícitamente el nuevo marco europeo sobre libertad de medios.
La sentencia de AMI contra Meta: un antes y un después
El fallo del Juzgado de lo Mercantil que condena a Meta a indemnizar con 479 millones de euros a 87 editoras y agencias integradas en AMI por competencia desleal en publicidad online marca un hito en España. La sentencia declara probado que Meta utilizó datos personales para servir publicidad personalizada, obteniendo una ventaja competitiva que causó un perjuicio económico directo al sector de medios.
AMI subraya que la resolución “marca un antes y un después en la defensa del periodismo profesional, del equilibrio competitivo en el mercado publicitario digital y de los derechos fundamentales en una sociedad democrática”. La idea de fondo es clara: permitir que una plataforma capture de forma opaca buena parte del valor publicitario generado con contenidos informativos erosiona la capacidad de los medios para cumplir su función de vigilancia del poder y de articulación del debate público.
La ofensiva europea sobre Google y la infraestructura informativa
En paralelo, la Comisión Europea ha abierto procedimientos e impuesto sanciones millonarias a Google por abuso de posición dominante en la publicidad online y por prácticas que podrían degradar o discriminar contenidos de medios y editores. Bruselas investiga, entre otros aspectos, si Google aplica condiciones injustas a los medios mediante políticas de reputación o mediante el uso no compensado de sus contenidos para entrenar sistemas de inteligencia artificial.
El Parlamento Europeo ha vinculado explícitamente estas prácticas con la libertad de prensa e información, señalando que la posición monopolística de Google priva a los medios de ingresos esenciales para su sostenibilidad e independencia. No se trata solo de una disputa comercial: cuando un único intermediario controla buena parte de la visibilidad de las noticias y del mercado publicitario, puede condicionar qué voces llegan al espacio público europeo y en qué condiciones.
Regulación, democracia y reparto de poder
Las resoluciones contra Meta y Google se inscriben en un giro regulatorio más amplio, que incluye la Ley de Servicios Digitales y el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Estas normas obligan a las grandes plataformas a auditar sus algoritmos, mitigar riesgos para la integridad electoral y priorizar contenido fiable, al tiempo que refuerzan la transparencia en la medición de audiencias y protegen la independencia editorial frente a interferencias públicas y privadas.
El mensaje político es que la infraestructura informativa digital no puede quedar al margen de la lógica democrática y del Derecho de la competencia. Limitar los abusos de mercado y exigir responsabilidad en la moderación y distribución de contenidos no es una intromisión en la libertad de empresa, sino una condición para garantizar que la libertad de expresión, el pluralismo y la igualdad de oportunidades informativas sigan siendo reales.
Hacia una relación más equilibrada al servicio de la ciudadanía
Las decisiones contra Meta y Google envían a las plataformas la señal de que “ninguna empresa, por poderosa que sea, puede situarse al margen de la legalidad ni competir vulnerando las reglas del juego democrático”, en palabras de AMI. Al mismo tiempo, abren una ventana de oportunidad para que los medios recuperen margen económico y político, refuercen sus propias marcas y exploren modelos basados en comunidad, datos propios y alianzas más simétricas con los intermediarios digitales.
Si este reequilibrio prospera, la relación entre medios y plataformas puede dejar de estar definida por la dependencia y pasar a basarse en obligaciones compartidas: transparencia algorítmica, compensación justa por los contenidos y protección activa frente a desinformación y manipulación electoral. De ello depende que el ecosistema informativo europeo evolucione hacia un entorno donde la tecnología amplifique el pluralismo y la deliberación democrática en lugar de concentrar poder y debilitar a quienes la sostienen con periodismo profesional.