Madrid, 26 de octubre de 2026
Pedir una cita médica, solicitar una ayuda, buscar empleo o acompañar a niños y adolescentes en internet son situaciones cotidianas en las que la tecnología puede facilitarnos la vida. Para que ese avance beneficie a todas las personas, necesitamos poder utilizarla con confianza, comprender las decisiones que nos afectan y contar con ayuda cuando la necesitamos.
Cuando utilizamos la tecnología, somos más que usuarios de un servicio: somos ciudadanos y ciudadanas con derechos. En Fundación Hermes trabajamos para que la ciudadanía conserve y pueda ejercer, también en el entorno digital, los derechos que ya tiene reconocidos fuera de él.
Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, compartimos ocho propuestas e invitamos a todas las candidaturas a incorporarlas a sus programas, con medidas concretas y compromisos cuyo cumplimiento pueda comprobarse. Queremos acercar estas propuestas a la ciudadanía y sumar el apoyo de las personas y entidades que las compartan.
1. Comprender las decisiones y poder pedir una revisión humana
Cuando una Administración utiliza inteligencia artificial o sistemas automatizados en decisiones sobre ayudas, becas, sanciones u otros derechos o intereses legítimos, la persona afectada debe saberlo, recibir una explicación comprensible y poder solicitar una revisión humana efectiva, gratuita y con un plazo de respuesta definido.
Proponemos aprobar estas garantías durante el primer año del nuevo Gobierno. Deben incluir un registro público de los sistemas utilizados por la Administración General del Estado, disponible en ese mismo plazo; evaluaciones previas del impacto sobre los derechos, proporcionadas al riesgo; e información en lenguaje claro y en la lengua oficial que corresponda elegir conforme a la normativa aplicable.
La contratación pública debe permitir auditar los sistemas, también cuando el proveedor invoque el secreto empresarial, con garantías de confidencialidad. Las decisiones deben poder revisarse y corregirse, con responsables identificados y trazabilidad para comprobar cómo se han producido. El Gobierno debe informar anualmente a las Cortes sobre la aplicación de estas garantías.
2. Entornos digitales seguros para niños y adolescentes
La protección de los menores empieza en el diseño de los servicios. Proponemos retomar el proyecto de ley orgánica de protección de menores en los entornos digitales, en coherencia con el Reglamento de Servicios Digitales y la propuesta europea EU KIDS Act.
Pedimos cuentas de menores privadas por defecto, sin publicidad basada en su comportamiento, y la prohibición de mecanismos de diseño adictivo que les afecten, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática sin pausas, las notificaciones nocturnas o los asistentes que fomentan la dependencia emocional.
Las plataformas deben acreditar ante las autoridades competentes que cumplen sus obligaciones y que evalúan y reducen los riesgos del diseño adictivo. Las reglas de acceso por edades deben ser coherentes con el marco europeo que finalmente se apruebe. También queremos proteger a las personas adultas frente a diseños que exploten sus vulnerabilidades o dificulten elegir libremente.
3. Comprobar la edad respetando la privacidad
Proteger a los menores y preservar la privacidad son objetivos que deben avanzar juntos. Los sistemas de verificación de edad, públicos o privados, deberían acreditar únicamente que se supera la edad exigida, sin revelar la identidad al proveedor del servicio ni exigir entregar datos biométricos a proveedores o terceros.
Estos sistemas no deben permitir el seguimiento entre servicios ni construir historiales centralizados de uso. Deben ofrecer alternativas accesibles para quienes no dispongan de un dispositivo compatible o no quieran utilizar una aplicación.
La cartera europea de identidad digital, prevista para finales de 2026, debe implantarse con carácter voluntario, permitir compartir únicamente los atributos necesarios y someterse a auditorías independientes de seguridad y privacidad.
4. Apoyo y respuestas rápidas frente a la violencia digital
Quien sufra la creación o difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, reales o generadas con inteligencia artificial, necesita protección y acompañamiento.
Proponemos reforzar la respuesta penal frente a la creación y difusión no consentidas de deepfakes sexuales (imágenes o vídeos íntimos falsificados mediante tecnología) y las suplantaciones gravemente lesivas, atendiendo a la gravedad de cada conducta.
Pedimos procedimientos urgentes de notificación y retirada, con una primera respuesta en un máximo de veinticuatro horas y preservación de pruebas, en coordinación con el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos cuando corresponda. La asistencia debe ser gratuita y especializada, con especial atención a menores y mujeres.
También proponemos incorporar en plazo a la legislación española la Directiva europea sobre violencia contra las mujeres, incluidas sus disposiciones sobre violencia digital. Las medidas deben preservar la parodia, la crítica y la creación legítimas, respetando los derechos de terceros.
5. Servicios accesibles y atención humana
Todas las personas debemos poder acceder a los servicios públicos, con independencia de nuestra edad, discapacidad, conocimientos digitales o dispositivos disponibles.
Proponemos garantizar por ley la atención humana, presencial o telefónica, en todos los servicios públicos esenciales, y la atención presencial sin cita previa para mayores de 65 años, personas con discapacidad que la necesiten y situaciones de urgencia.
Ningún trámite debe exigir en la práctica disponer de un dispositivo o una aplicación concretos. Los servicios digitales públicos deben ser accesibles, también en su lenguaje y comprensión.
La publicación anual de indicadores de exclusión digital y abandono de trámites, desagregados por edad, territorio y discapacidad, permitirá conocer las dificultades y mejorar los servicios.
6. Derechos ante los algoritmos en el trabajo
Cuando un algoritmo interviene en la selección, evaluación, vigilancia o despido, las personas trabajadoras deben conocer los criterios que les afectan y poder solicitar una revisión humana de las decisiones con consecuencias significativas.
Proponemos incorporar con carácter prioritario a la legislación española la Directiva sobre trabajo en plataformas, cuyo plazo de transposición vence el 2 de diciembre de 2026. También pedimos extender la información comprensible, la supervisión y la revisión humana al conjunto de las personas trabajadoras.
Su representación legal debe participar en las evaluaciones de impacto de estos sistemas. Además, deben reforzarse las garantías frente al tratamiento de datos sobre su estado emocional o psicológico y sus conversaciones privadas, respetando las prohibiciones europeas vigentes.
7. Instituciones con medios para proteger nuestros derechos
Para ejercer un derecho necesitamos saber dónde acudir y contar con instituciones capaces de atender las reclamaciones y actuar con eficacia.
Proponemos aprobar, durante los primeros cien días desde la toma de posesión del Gobierno, la legislación necesaria para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejerza plenamente como coordinador de servicios digitales, y completar en ese mismo plazo la transposición de la Directiva de ciberseguridad NIS2.
La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad deben disponer de medios suficientes para sus respectivas funciones. Las autoridades competentes necesitan autonomía de actuación y competencias claras.
También proponemos reforzar las comunicaciones de emergencia ante apagones y fallos de red, con sistemas de respaldo y protocolos de actuación, y publicar indicadores anuales sobre reclamaciones, incidentes y tiempos de respuesta, respetando la seguridad y la confidencialidad.
8. Una campaña digital transparente
La transparencia de la comunicación política nos ayuda a formarnos una opinión y participar con confianza.
Invitamos a las candidaturas a publicar, durante la campaña, un registro accesible de sus anuncios digitales pagados, con el gasto, los intermediarios y los criterios utilizados para decidir a quién mostrarlos.
También proponemos identificar de forma inequívoca los contenidos generados o alterados sustancialmente con inteligencia artificial que puedan confundirse con hechos, imágenes o voces reales, y declarar las colaboraciones remuneradas o con otras contraprestaciones con creadores de contenido.
Pedimos el compromiso de no difundir deepfakes engañosos de personas candidatas ni utilizar datos personales sensibles, o inferencias que los revelen, para dirigir publicidad política.
Una invitación a participar
Estas propuestas están abiertas al diálogo y a las aportaciones de todas las formaciones políticas. Invitamos al próximo Gobierno a impulsar las iniciativas pendientes durante sus primeros cien días, aprovechando el trabajo realizado y buscando el máximo consenso.
A los cien días de la toma de posesión del Gobierno, y después anualmente, ofreceremos un seguimiento de los compromisos asumidos, basado en datos públicos y una metodología común.
Queremos contar también con la participación de la ciudadanía. Si compartes el contenido de esta carta, te invitamos a adherirte y a difundirla. Pueden sumarse personas a título individual, organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas y asociaciones profesionales.
Las adhesiones pueden comunicarse en fundacion@fundacionhermes.org
Fundación Hermes